Se realiza una revisión histórica sobre la evolución normativa de la regulación del agua en México, enfocándose en la vigente “Ley de Aguas Nacionales” de 1992 y sus implicaciones en la acuicultura (tabla 1). Se parte de los antecedentes más importantes en la materia: la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (1917) y la “Ley Federal de Aguas” (1972), a fin de comprender la dinámica del proceso normativo hídrico que rige la actividad.
En la época actual, se revisa la implementación de la Ley en los acuicultores a fin de explorar el grado de cumplimiento. Obtener este dato es incierto, toda vez que se desconoce el número real de acuicultores por el panorama de restricciones y sanciones que ejerce la autoridad en el país, al imperar un ambiente de informalidad, temor e invisibilidad (figura 1). No obstante, se hace un esfuerzo por estimar la problemática con los pocos datos existentes.
El valor de este trabajo explora las causas tradicionales del problema, desde la llegada tardía de la sustentabilidad frente a la resistencia de los acuicultores para adoptar la regulación, y se refuerza en la teoría de la captura del estado. Desde esta mirada y con un enfoque contextual, se contradicen las corrientes que afirman que la autoridad del agua es la única responsable de la informalidad de la acuicultura. En realidad, ciertos actores del sector han orientado las reglas a su favor. Los grupos más influentes se han favorecido de la Ley, en menoscabo de los grupos más vulnerables que tienen regulaciones más estrictas, incluidos los de AREL. Frente a este panorama que pone en evidencia el escaso interés de salvaguardar el interés común y el de los grupos vulnerables, el desafío tiene que dirigirse a generar marcos regulatorios más justos y asequibles que garanticen el uso y acceso del agua para todos los sectores.